13 feb. 2013

Pedro De Aurrecoechea currando en la UTE y Gas Sayago


El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, anunció que exigirá responsabilidades políticas al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, por haberle entregado "información no veraz" sobre las irregularidades en una licitación que costó US$ 2,8:
El 27 de junio del año pasado, Casaravilla respondió un pedido de informes que seis meses antes le había cursado Gandini vinculado a irregularidades en una licitación para la realización del estudio de integridad y vida residual de las Unidades 5ª y 6ª de la Central José Batlle y Ordóñez. Dicho pedido de informes activó una investigación interna que derivó en la constatación de serias irregularidades en el proceso de licitación y las obras, el pasaje del expediente a la Justicia del Crimen Organizado y el inicio de sumarios con separación del cargo de tres gerentes.
Gandini denuncia que en la respuesta a sus pedido de informes, que fue elaborada por las gerencias del ente energético y firmada por Casaravilla, se "tergiversó" información para desestimular su investigación.
La indagatoria sobre la licitación que ganó la empresa Soluziona-CSI fue encargada por UTE al Dr. Álvaro Richino. El voluminoso expediente señala que debe determinarse la responsabilidad del "funcionario citado en la respuesta enviada por oficio al Ministerio de Industria el 27 de junio de 2012, la que no se corresponde con la verdad, pues según se informó en la investigación, el Consorcio Soluziona-CSI no cuenta por la ejecución del contrato de esta licitación con ninguna anotación por penalidades económicas o descuentos en el Registro de Sanciones Contractuales a Proveedores a cargo de la División Abastecimientos, lo que eventualmente puede representar un ilícito penal".
Gandini había preguntado si una vez ejecutado el trabajo licitado, "UTE debió realizar, a su costo, trabajos de corrección de errores o reparación de daños en la Central Batlle causados por la empresa contratada u ocasionados como consecuencias de esos trabajos".
UTE respondió que "según lo informado por la Subgerencia de Mantenimiento Centrales Térmicas sobre los trabajos de la contratista, UTE hizo trabajos de reparaciones de válvulas, lo que se descontó del pago a la contratista, no habiendo asumido esta Administración dichos costos".
La investigación no detectó ese descuento al que aludió la respuesta de UTE y tampoco encontró "penalizaciones ante los incumplimientos de Soluziona-CSI", las que estaban previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.
La licitación en una modalidad de llave en mano había sido adjudicada por US$ 1.223.944,99 pero al finalizar los trabajos UTE abonó a la empresa un total de US$ 2.834.372,57, un 137,57% por encima del costo inicial.
"Conozco pedidos de informes que nunca fueron contestados y respuestas parciales que ocultan una parte de la verdad para no comprometer al Ejecutivo, pero lo que nunca vi fueron respuestas probadamente falsas. El presidente de UTE fue víctima de la subgerencia que lo indujo a error, pero es el responsable político porque firmó esa respuesta. Quiero determinar cuál será su responsabilidad política por informar de modo no veraz al Parlamento. Son hechos muy graves y él debió informarse más", sostuvo Gandini.
El legislador nacionalista también había preguntado si "UTE evaluó satisfactoriamente los trabajos realizados y si el informe final realizado por la empresa contratada alcanzó el nivel esperado", a lo que UTE respondió afirmativamente.
"Con todo lo que ocurrió es obvio que los trabajos no fueron satisfactorios. Las respuestas que recibí estaban dirigidas a que yo no siguiera investigando. Cuando recibí estas respuestas archivé el caso porque se me dijo que ante ese sobrecosto se había actuado y que el trabajo era satisfactorio. Luego me entero que ni una cosa ni la otra. Con sus respuestas UTE desalentó mi investigación y el presidente de la empresa, más allá de que él mismo pasó los antecedentes a la Justicia, debe responder políticamente por esa información fraudulenta", señaló Gandini.
IRREGULARIDADES.
La Justicia del Crimen Organizado analiza la responsabilidad de funcionarios de UTE en dos licitaciones (una adjudicada y otra en suspenso) por US$ 7 millones al Consorcio Soluziona-CSI entre 2006 y 2010, cuando Pedro De Aurrecoechea era vicepresidente del ente y, al mismo tiempo, accionista de la firma.
La indagatoria que ordenó Casaravilla detectó que "de la investigación administrativa puede concluirse claramente que la operativa usual en los procedimientos analizados no impide la posible colusión entre funcionarios del organismo y terceros", al tiempo que detectó una serie de irregularidades en las adjudicaciones.
En base a la investigación, el directorio de UTE resolvió iniciar sumarios con separación del cargo de tres funcionarios en puestos gerenciales: jefe de mantenimiento de centrales térmicas, jefe de mantenimiento mecánico y jefe de mantenimiento y estudios mecánicos.
Por su parte, la Justicia continúa las indagatorias. La jueza Adriana de los Santos tomó declaraciones a decenas de funcionarios de UTE y representantes de empresas privadas.
El País Digital


El presunto acto de corrupción ocurrió en una licitación abierta en julio de 2011 titulada "Trabajo de Mantenimiento de Centrales Térmicas" para realizar la puesta a punto de las centrales: Batlle, Maldonado, Punta del Tigre y La Tablada. 

El presunto acto de corrupción en que estaría involucrado Aurrecoechea llega a los U$S 7 millones de dólares.

Aurrecoechea es ahora gerente general de Gas Sayago SA, empresa propiedad de UTE y Ancap, a cargo de la regasificadora.


Brecha

Mala compañía

Ni una palabra, ni una mención a la denuncia presentada a la justicia especializada en crimen organizado por el presidente de ute, Gonzalo Casaravilla, se hizo ayer en la reunión que mantuvo el directorio del ente. Según publicó ayer el semanario Búsqueda, el titular del ente denunció ante el juzgado presuntas irregularidades en la adjudicación del mantenimiento de las centrales térmicas Batlle y Ordóñez, Maldonado, Punta del Tigre y la central de La Tablada por 7 millones de dólares a la firma Ciemsa srl, a la que está vinculado el ex vicepresidente de ute Pedro de Aurrecoechea. Pero no sólo eso.
Según pudo saber Brecha, la investigación administrativa en ute, encargada a un abogado externo, también abarca a varios gerentes y hasta a Mario Areán, investigado por la justicia por tráfico de influencias en beneficio de concesionarios de la Intendencia de Montevideo durante su período como secretario particular del ex intendente de Montevideo, Mariano Arana.
Según supo Brecha, hay denuncias de un “apersonamiento” de Areán en la empresa que compitió con Ciemsa por el cuidado de las centrales con el objetivo de apartar a esa sociedad de la licitación. Según información recabada por este semanario, se trata de la empresa Tecnocil srl, que hace trabajos de montaje y alineación de motores en la central Batlle. Areán se desempeña actualmente en la empresa csi, vinculada a Ciemsa a través de un consorcio, algunos socios en ambos directorios y hasta una misma casa central. De Aurrecoechea fue director de Ciemsa hasta el 7 de junio de 2005, cuando abandonó su cargo para desempeñarse en ute, pero los vínculos entre Ciemsa y csi son de larga data. De hecho, el presidente de la primera, Ignacio García Ferrés, fue socio de la segunda hasta el 16 de junio de 2010. De Aurrecoechea conserva una participación accionaria del 4 por ciento en la empresa. El caso es similar al de un familiar de uno de los gerentes involucrados. Al parecer, también en Ciemsa trabajaba el hermano de uno de los subgerentes del sector de generación térmica de ute.
De acuerdo a la información publicada por Búsqueda, el presidente Mujica avaló la presentación de la denuncia en la justicia. La denuncia, realizada en abril por el propio presidente de ute, fue conocida en agosto pasado por el resto de los directores del ente, al tratarse en una reunión del directorio la contratación de un abogado externo para encabezar la investigación administrativa. El ex director del ente y actual secretario político del Frente Amplio, Gerardo Rey (Asamblea Uruguay), relevado en agosto pasado por el propio Mujica –lo que despertó una dura reacción en el Frente Liber Seregni (fls)– dijo a Brecha tener “el mejor concepto del ingeniero De Aurrecoechea”. “Es público y notorio que mientras trabajó en la ute, nunca trabajó en la empresa. Me consta que Pedro es un compañero puntilloso en cuanto a la declaración jurada”, agregó. Consultado por las razones que podrían haber motivado la denuncia penal, Rey dijo que “eso hay que preguntárselo al que la hizo”, y que cuando se informó al directorio él ya no se desempeñaba en el ente. Fuentes de la Torre Ejecutiva negaron que la remoción de Rey haya estado vinculada a este caso.
Ayer, en el programa Fuentes confiables de radio Universal, el ex vicepresidente de la empresa durante el gobierno de Tabaré Vázquez aclaró que el caso ocurrió cuando ya no integraba ute y ofreció sus declaraciones patrimoniales como prueba. “Yo dejo el directorio de ute en mayo de 2010, y esta licitación se abrió en julio del 2011”, explicó. De Aurrecoechea, que reconoció brindar en la actualidad “servicios profesionales” a Ciemsa, dijo haber tenido conocimiento de que la empresa se había presentado a la licitación, aunque deslindó haber participado en el negocio. El ex funcionario aseguró no estar molesto con Casaravilla porque “es la obligación de cualquier funcionario público solicitar una investigación cuando se reciben denuncias”, según el artículo 177 del Código Penal. Pero, al mismo tiempo, anunció que tomará las medidas legales pertinentes para “limpiar” su nombre mediante la presentación de una demanda por daño moral. Continuará.

10 ago. 2012

Fernando Nopitsch trafico de influencia en la intendencia de Montevideo

otro jerarca frenteamplista que se enriquecio currando con la intendencia de Montevideo

Como se recordará, la intendente Ana Olivera admitió ante la Junta Departamental que el exdirector de Limpieza de Montevideo, Fernando Nopitsch, es asesora a Alfanor S.A., firma que hizo el nexo con el inversor italiano que quiere construir un megavertedero de basura en el país, con una inversión de US$ 500 millones. "La oferta es transparente", aseguró, Olivera. No obstante, información municipal en poder de El País señala que el vínculo de Nopitsch con Alfanor S.A. comenzó en 2003 (en ese entonces con compras por escaso monto), cuando éste era director de Limpieza. A los pocos meses de que Nopitsch abandonó el cargo (que desempeñó desde el 13/7/2000 al 29/3/2005), la Intendencia hizo dos adquisiciones importantes a esa firma: una por US$ 61.716 y otra por US$ 39.690. El vínculo de la Intendencia con Alfanor S.A. continuó al menos hasta diciembre de 2011, en dos casos con compras de US$ 895.436 (realizadas en diciembre de 2006 y diciembre de 2008). En total, según la información oficial que maneja el edil, los negocios con esta firma han sido por US$ 3.725.537. REACCIÓN. Estos hechos generaron la reacción del edil colorado Flavio Beltrán. "Está claro que el inicio de la relación comercial entre la Intendencia y Alfanor S.A. comenzó cuando Nopitsch era director de Limpieza. Es posible presumir que cuando fue director allanó el camino de la empresa para que sea proveedora de la Intendencia y que continuó realizando ventas a la IMM como representante de la empresa luego que dejó su cargo", indicó el edil del foro Batllista. "Nuestra bancada está analizando si presenta estos antecedentes -que surgen de un pedido de informes- ante la Justicia, para que investigue si efectivamente se configuran delitos contra la Intendencia de Montevideo, como ser conjunción de interés público y privado, además de concusión y otros hechos que se puedan confirmar", sentenció Beltrán. Cuestionado también por un casino El ex director de Casinos del Estado Fernando Nopitsch aparece también comprometido en un negocio que permitió a Vidaplan S.A. ser favorecida con el pago de un millonario arrendamiento por parte del Estado y la explotación mixta del Casino Nogaró. Así lo indicó Brecha, que además lo señala por respaldar un certificado notarial falso que se usó para cerrar el acuerdo con la empresa. El País Digital

10 mar. 2012

Carmelo Vidalin coimeado por Gustavo Yocca


acepta coima para refinanciar las deudas de La Republica con UTE,

Gustavo Yocca es el "empresario" argentino que compro la Republica
http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_162486_1.html

Vidalin ex intendente blanco de Durazno de filiacion y costumbres lacallistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmelo_Vidal%C3%ADn

En septiembre de 2009 el gobierno nacional presentó una denuncia judicial contra el Comité Departamental de Emergencia por el destino de los dineros enviados como ayuda a los damnificados por las inundaciones de mayo de 2007. Vidalín, que integraba dicho Comité, fue citado a declarar en el caso, aunque posteriormente se amparó en sus fueros parlamentarios.2

es 28 de enero de 2011


Los empresarios argentinos Gustavo Yocca y Miguel Jorge pasaron a controlar “La República”, luego de un negocio millonario en dólares

(Semanario Búsqueda - 27.01.2011)

Con la finalidad de tener en Uruguay un medio de comunicación para “aggiornarlo ideológicamente” y transformarlo de “un Granma” (periódico oficial del régimen cubano) a una publicación más afín con las ideas de la centro izquierda europea, un grupo empresarial argentino compró la mayoría del paquete accionario del diario “La República” (REG SA).
http://noticiasdeuruguay.blogspot.com/2011/01/los-empresarios-argentinos-gustavo.html 

Caso Dársena 
¿Qué se esconde detrás de las mentiras de El Liberal?

O mejor dicho ¿quiénes se esconden detrás de las mentiras que publica diariamente el otrora prestigioso matutino, hoy en mano de mafiosos y narcotraficantes?
http://corruptosdesiempre.galeon.com/corruptos1.htm 

Gustavo Yocca

“Los medios tienen una sola forma de susistir y es haciendo periodismo de verdad”.
Federico Fasano Mertens
“Estos compañeros de ruta aportan una ráfaga de air e tonificante en un proyecto de vino añejo en odres nuevos”.

Miedo y asco en MVD
La columna de Daniel Figares¡La República se vendió hace rato! http://blogs.montevideo.com.uy/bloghome_1675_1_1.html

“Según un documento –publica Búsqueda- elaborado x el estudio jurídico notarial Moreno, Botta, Guerra, Carrau relativo a la situación económica financiera de REG SA [La República], el pasivo de la empresa a setiembre de 2009 se situaba en $ 80.677.150 (unos cuatro millones de dólares).”
Discriminando a grandes rasgos la deuda pasó de medio palo verde en el 2003 a los cuatro palos del 2009. Entre los acreedores están el BPS (unos 600 mil dólares), Fanapel (primero denunció 127 mil dólares, después –al 2005- denunció 250 mil), una empresa de fonogramas radicada en Tierra del Fuego, Argentina (casi 360 mil dólares), Antel (más de 145 mil dólares), y, finalmente, el último acreedor en aparecer: el mismísimo Ministerio de Educación y Cultura (cincuenta mil dólares). (Nótese que la mayoría de los acreedores somos… NOSOTROS.)

6 may. 2011

Carlos Curbelo Tammaro lavado de activos del narcotrafico

Viernes 06.05.2011 Curbelo: confirman su procesamiento

 , Acusado por lavado de activos originados por el narcotráfico

El Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno confirmó el procesamiento del abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro , quien fue enjuiciado en noviembre de 2009 acusado por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Curbelo Tammaro había sido procesado por el ex juez Federico Álvarez Petraglia, en una derivación de la llamada "Operación Campanita", que en 2006 permitió desbaratar una red internacional de narcotraficantes a la que se le incautaron 300 kilos de cocaína.

Junto con el abogado, también fueron procesados el escribano Lorenzo D`Angelo, el narcotraficante José Luis Suárez, su hermano y otro hombre, todos por el delito de lavado de activos. El Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno, en resolución que notificó ayer, confirmó los procesamientos, excepto el de la última persona, a quien absolvió de la acusación.

El fallo, redactado por el ministro Alberto Reyes y firmado por Alfredo Gómez Tedeschi y José Balcaldi, señala que se lograron reunir pruebas de que Curbelo Tammaro y D`Angelo aportaron dinero propio para realizar inversiones inmobiliarias. Curbelo había sido abogado de Suárez y D`Angelo actuó como su escribano.

La sentencia descarta los cuestionamientos hacia las escuchas telefónicas y las pruebas aportadas por una mujer que ofició como colaboradora en el expediente, planteadas por la defensa de Curbelo Tammaro.
http://www.elpais.com.uy/110506/pnacio-564589/sociedad/curbelo-confirman-su-procesamiento/

Jueves 26.11.2009 Curbelo Tammaro y otros cuatro procesados con prisión
El abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro fue procesado con prisión por un delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico y un delito de asistencia al lavado. En el caso, también fueron procesadas otras cuatro personas.
Los procesamientos, dictados por el juez penal Federico Álvarez Petraglia a la hora 3 de hoy, fueron pedidos por el fiscal Diego Pérez, en el marco de la investigación por la Operación Campanita. Los otros cuatro procesados son el ciudadano español José Luis Suárez -cabecilla en Uruguay de una organización de narcotraficantes desbaratada en la Operación Campanita en 2006 y actualmente cumpliendo prisión en el Penal de Libertad-, un hermano de éste, un escribano y otro narcotraficante también en prisión que cayó en la Operación Cancerbero II hace un año.
El magistrado explicó que al profesional uruguayo se le imputa un asesoramiento que se produjo con posterioridad al enjuiciamiento de Suárez en la negociación de una torre de 12 pisos en Plaza Independencia.
"Posteriormente se le imputa su participación personal y con dinero propio —una cifra cercana a los U$S 180.000" en un emprendimiento de Suárez en otra torre, pero en la ciudad de Punta del Este", afirmó.

Petraglia explicó que este inmueble fue puesto a licitación por el Banco Hipotecario del Uruguay y fue ganado, desde la cárcel, por Suárez. "La torre está en plena construcción y en plena venta en el departamento de Maldonado", finalizó el juez penal.
Curbelo Tammaro fue detenido la noche del martes en su casa de Carrasco por efectivos de la Brigada Antidrogas, y ayer miércoles declaró como indagado desde la hora 13 en el Juzgado a cargo de Álvarez Petraglia. El abogado fue el defensor legal de Suárez cuando éste fue detenido en la Operación Campanita.
El hermano de Suárez también había sido citado a declarar ayer por su participación en negocios de compra de inmuebles que se presume se realizaron con dinero proveniente del narcotráfico. Este hombre se sintió mal y fue trasladado a un centro asistencial en una ambulancia sobre la hora 21.
Curbelo Tammaro es defendido por el ex fiscal de lo Contencioso Administrativo Miguel Langón.
Los cinco procesados fueron trasladados de madrugada del Juzgado a la Brigada Antidrogas, y esta mañana iban a ser llevados a Cárcel Central.
La Operación Campanita tuvo su inicio en el año 2006, cuando se incautaron 350 kilos de cocaína, vehículos, armas, dinero y propiedades, entre ellas un laboratorio en Parque Batlle. Hubo decenas de detenidos y unos 30 procesados.
El operativo estuvo a cargo de la entonces jueza penal Anabella Damasco, actual ministra de un Tribunal de Apelaciones en lo penal.
El juez Álvarez Petraglia y el fiscal Pérez continuaron con la investigación y dieron con indicios de que dinero de los narcos había sido utilizado para adquirir bienes inmuebles.
La banda desbaratada en 2006 era liderada por el colombiano Alex Pareja, detenido en Brasil.
Ricardo Gil Iribarne, director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, dijo que "es un caso de lavado y narcotráfico o lavado de fondos por narcotráfico". "El que está acá declarando capaz que se va para su casa y nosotros no vamos a hacer nada para ensuciar a nadie. Si queda procesado, entonces es lógico que se sepa", dijo.
Llamado de atención
La Operación Campanita fue hasta el año 2006 el mayor procedimiento contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico en Uruguay, con ramificaciones a nivel internacional. El director de Narcóticos, Julio Guarteche, dijo entonces que el nombre se tomó de otra operación que se realizó con la aduana británica, "ya que fue como un llamado de atención para todos nosotros".
http://www.elpais.com.uy/091126/ultmo-456661/ultimomomento/curbelo-tammaro-y-otros-cuatro-procesados-con-prision/



22 feb. 2011

Pedro Konrad y Claudia María Sosa Otero - lavado de dinero de narcotrafico

JUEZ ARGENTINO. LIBRÓ EXHORTOS; EN LA MIRA, FIRMA QUE OPERA EN NUESTRO PAÍS
Investigan pista uruguaya con narco avión
La Justicia argentina libró exhortos hacia Uruguay y Estados Unidos en busca de información sobre una presunta conexión entre una empresa radicada en nuestro país y un avión privado que aterrizó en Barcelona (España) con 944 kilos de cocaína a principios de enero.

Narco avión. Fue capturado en Barcelona con 944 kg de droga. (Foto gentileza Página/12)
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 de la República Argentina remitió un exhorto a Uruguay solicitando información sobre una empresa que procediera al pago de las cuotas del "leasing" de un avión privado que fue utilizado para el tráfico internacional de estupefacientes, según información divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Asimismo, la Sede libró exhortos a Estados Unidos (EEUU) en procura de información sobre dos empresas vinculados con el alquiler, con opción de compra, del avión Bombardier Challenger 604, en el cual fue transportada la droga (cocaína de máxima pureza), y sobre dos cuentas bancarias, propiedad de uno de los imputados en EEUU.

Los exhortos librados por el juez Rafael Caputo (subrogante del juez Alejandro Catania) procuran determinar el origen del dinero, con el cual los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá pagaron el Bombardier Challenger 604, revelaron el diario "La Nación" y el sitio "Urgente 24". El exhorto a Uruguay fue remitido por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El "leasing" se concretó en noviembre de 2010 por intermedio de una sociedad anónima radicada en Florida (EEUU). Sin embargo, la cancelación (pago) de una de las cuotas del "leasing" fue efectuado por la empresa Administradora de Fondos de Inversión del Sur SA. La empresa uruguaya habría girado U$S 250.000 a una cuenta bancaria de Gustavo Juliá en EEUU, monto coincidente con la primera cuota prevista en el negocio de "leasing" desarrollado por los hermanos Juliá.

La Administradora de Fondos de Inversión del Sur SA (Afisur SA) es una empresa 100% propiedad de "SEVEN WISARDS GROUP MANGEMENT INC", teniendo sede en el Complejo Zonamérica ­ruta 8, km 17500, local 134, oficina 102-, según se desprende de la página web del Banco Central del Uruguay (BCU). Sus accionistas son SEVEN WISARDS GROUP MANGEMENT INC, que detentan el 100% de las acciones y cuya administradora es Claudia María Sosa Otero, esposa del ex corredor de Bolsa Pedro Konrad, quién renunció en marzo del 2006 a su titulo de corredor de Bolsa El 15 de febrero de 2011 el Banco Central del Uruguay (BCU) informó que el Sr. Pedro Konrad, integrante de la Comisión Fiscal de la Bolsa de Valores del Uruguay (BVU) renunció a su cargo. El auditor externo te la firma de Zonamérica es Echevarría Petit & Asociados SRL. La empresa está inscripta en el BCU el 30 de enero de 2008 . Afisur S A Administradora De Fondos De Inversion figura como una empresa chilena. La investigación impulsada en la Argentina procura determinar si la droga incautada en el aeropuerto de Barcelona (España) fue cargada en la base aérea militar de Morón, ya que el avión propiedad de los hermanos Juliá estuvo dos meses estacionado en la base áerea militar argentina. La Justicia indaga los posibles vínculos entre los hermanos Juliá y un cártel de la droga colombiano.
http://www.larepublica.com.uy/politica/442160-investigan-pista-uruguaya-con-narco-avion

18 feb. 2011

Gerardo Amaral (Frente Amplio) - trafico de influencia

Ex intendente citado por obra en Treinta y Tres
Justicia investiga denuncia sobre licitación municipal
El ex intendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral (Frente Amplio), declarará hoy ante una jueza de ese departamento que investiga presuntas irregularidades en una licitación para reparar el techo del teatro municipal durante su administración (2005-2010).

Amaral, quien en mayo de 2010 perdió el gobierno departamental a manos del nacionalista comparecerá en calidad de testigo ante la jueza Elisa Zurbruck, quien tramita una denuncia presentada por un grupo de ediles.
La indagatoria judicial apunta a establecer si existió delito cuando la Intendencia de Treinta y Tres contrató para realizar una obra de remodelación en el teatro local a una empresa constructora a la que estaba vinculado el esposo de una jerarca de la administración de Amaral.
La empresa también fue contratada para la realización de otras obras en el departamento. Y el asesor de la firma, que está casado con la ex jerarca comunal, también ocupó un cargo de dirección al inicio del anterior período.

En 2009, convocado por la oposición, Amaral concurrió a la Junta Departamental para brindar explicaciones por el contrato de esta obra.

El entonces intendente aseguró ante los ediles que se tomaron los recaudos necesarios para que la jerarca esposa del asesor de la empresa contratada no participara en ninguna instancia de la licitación de las obras en el teatro municipal, cuyo costo fue de cerca de US$ 100.000.
Hoy, además de Amaral, la jueza Zurbruck y la fiscal subrogante Sandra Fleitas, tomarán declaración a la ex directora municipal y a un arquitecto de la Intendencia de Treinta y Tres, entre otras personas que también fueron citadas por la sede judicial a partir de la hora 9.
Si bien todos comparecerán en calidad de testigos, no se descarta que a futuro alguno de ellos pase a tener la calidad de indagado y sea citado nuevamente pero con la exigencia de presentarse acompañado por un abogado, según explicaron fuentes del caso a El País.
La polémica licitación motivó que en 2009, el ex intendente Amaral fuera interpelado en la Junta Departamental de Treinta y Tres por el edil colorado Alejandro Pinho.

El País Digital http://www.elpais.com.uy/110216/pnacio-547702/politica/ex-intendente-citado-por-obra-en-treinta-y-tres/

28 nov. 2010

José Polakof estafa y abuso de funciones ,director de la intendencia de Montevideo


Apropiación de terreno
I.S.I. | Montevideo
Tenemos una chacra en la ruta 102 a 200 metros de Zonamerica ocupada con un intruso y su familia desde hace más de 4 años. Iniciamos un juicio para desalojarlo, donde él aludía que era concejal del MPP y que nadie lo iba a mover de ahí. El abogado continuó con el desalojo y el intruso pidió varias prórrogas, que le fueron concedidas, hasta que el 18 de agosto del corriente año me llama el abogado diciendo que iba con el alguacil a notificarlo de que el 30 de agosto tenía el desalojo sin derecho a más prórrogas dictaminado por el Poder Judicial.
Yo había puesto en venta la chacra en tres inmobiliarias pero el intruso no permitía la entrada para verla.
El día que fue el abogado se encuentra que allí había una Cooperativa Agropecuaria llena de gente y maquinarias otorgadas por el Sr. José Polakof, que desempeña el cargo de Director Gral. del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional de la Intendencia de Montevideo. No obstante pagar la contribución, tributos, tener un juicio de desalojo ya concluido con honorarios de abogado más pagar impuesto al patrimonio por el bien, tomó la resolución de apropiarse de mi chacra, no hablando nunca conmigo sino con el propietario de una de las inmobiliarias.
Por medio del dueño de la inmobiliaria consigo el celular del Sr. Polakof y le pido una entrevista. El señor adujo que la resolución ya estaba tomada y firmada por la Intendenta Ana Olivera, pagando en UR.
De junio hasta ahora yo sigo pagando los impuestos, la cooperativa sigue adelante pero a mí no me pagaron nada. Me comuniqué con el Sr. Polakof varias veces y él delegaba todo en su secretaria o escribana, hasta que un día le dije que iba a hacer que el abogado ejecutara la orden judicial. Ahí me contestó que lo hiciera si quería pero que al día siguiente me la expropiaban porque por ley tendría que habérselo ofrecido primero a la Intendencia.
Sigo sin cobrar, pagando por algo mío pero usufructuándolo ya no uno sino varios intrusos, lo que me lleva a preguntar: ¿Esta es la democracia? ¿Uno es realmente dueño de un bien y puede disponer de él?
Antes de seguir buscando inversores respeten a los uruguayos que nos jugamos por el país. No viajen tanto y ese dinero utilícenlo en mejorar la calidad de vida de los uruguayos, luchen para mejorar la inseguridad en que se vive, la educación, la vivienda, las jubilaciones, la limpieza de la ciudad, las cárceles, las calles y carreteras y el respeto por la propiedad privada. Es fácil dar mano de obra sacándole los bienes a los demás y muy lamentable que el propio Estado se apodere de algo sin pagar. Eso es una apropiación indebida, por no decir una estafa."



Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional - Luis Polakof

Última actualización: 06.08.2010 - 13:55
Empresario del sector servicios e industrial.
Ha trabajado como docente y periodista.
Conferencista en distintos Seminarios y Congresos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Apoyo al Hospital Departamental de Maldonado. Es tesorero de la Fundación Hemovida y Directivo del Centro de Estudios Estratégicos de Ayuí.
Fue Presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Directivo de la Liga de Fomento de Punta del Este y de la Cámara Empresarial de Maldonado.
Es militante del Frente Amplio (FA) desde los inicios en Maldonado, Montevideo y el exilio.
Ubicación: Palacio Municipal, piso 23
Tel.: 19502390
Correo: luis.polakof@imm.gub.uy

12 oct. 2010

Axel van Hooven lavado de dinero Montemar SA

12  oct 2010   Montemar SA, Tecomar, Las Palmas etc. etc. y los 400 - 500 Millones USD.
Puntualizando a lo leido, el Sr. Axel Van Hooven - AvH - no es holandes (es solo su nombre). El es de nacionalidad alemana, tiene pues pasaporte aleman. Me gustaria saber si con el actual gobierno se perseguira este asunto hasta el final de su exclarecimiento. El Sr. AvH ha sido visto ya en alemania y en compania del Sr. Jochen Doehle -JD- quien esta involucrado es este caso de corrupcion. JD es el duenio de la empresa naviera Peter Doehle. El nombre de Axel van Hooven deberia aparecer en la lista de corruptos hasta su exclarecimiento y demas.


Por las manos de cinco jueces ha pasado un viejo expediente judicial en el que se habla de lavado de dinero, US$ 400 millones enviados ocultos en contenedores y un fraude por US$ 17 millones. Actualmente, la causa se encuentra en poder del juez en lo penal de 2º Turno, Pedro Salazar, quien ha llamado a varios testigos a declarar.

Al menos cinco empresas portuarias de Montevideo fueron acusadas de lavar un monto que supera los US$ 400 millones. La operación ilegal se desarrolló durante nueve años entre 1993 y 2002 sin que, curiosamente, las autoridades lo advirtieran.

Pagani Uruguay SA, Montemar SA, Tecomar SA, Las Palmas SA y Olazul SA son las cinco empresas portuarias que en Uruguay fueron acusadas de participar de las maniobras fraudulentas. Las tres últimas recibían fondos por irreales fletes de alquiler de buques cuya documentación respaldante nunca existió.

A mediados del año 2002, directores de Tecomar SA solicitaron una auditoría interna de la empresa al contador Eduardo Rodríguez Siri, profesional que preparó el concordato.

De esa investigación surgieron evidencias de numerosos hechos ilícitos e irregularidades. Así se supo de la existencia de préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables, y aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA que las encaminaba a la empresa Montemar SA, que a su vez las dirigía a una cuenta en el Citibank de Nueva York para la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor, mediante cartas de instrucciones a los bancos, entre otras formas.

Los fondos, por supuestos fletes de alquiler de buques, provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited, las dos últimas de Isla de Man, vecina al Reino Unido. Esta isla es un conocido paraíso fiscal. La Isla de Man no forma parte del Reino Unido, tiene instituciones legislativas propias y depende directamente de la corona británica.

Hasta 1996, cuando Montemar ya era conocida como "la empresa de los griegos". Por esa fecha, la sociedad anónima accedió al ingreso de un núcleo de inversores europeos que incluían a uno de sus mayores proveedores de barcos portacontenedores y de servicios de líneas marítimas, que supuestamente aportaron una mayor estabilidad financiera al grupo. Se trata del grupo alemán Peter Döhle Schiffarts Kontor, de Hamburgo, al cual pertenece la compañía Pagani.

Pagani Limited adquirió la mayoría de las acciones de Montemar y de Tecomar. Con el alquiler de barcos a Peter Döhle por parte de Montemar, la deuda se agrandó hasta que llegó un momento en que el proveedor alemán pudo hacerse de las empresas uruguayas.

El directorio cambió, pero básicamente los griegos se quedaron en posición minoritaria, con un 20% de las acciones. Los nuevos inversores envían al alemán de apellido holandés Axel Van Hooven para controlar todo el grupo que estaba compuesto por: Montemar, Tecomar (incluida su oficina propia en San Pablo), el taller Las Palmas, el depósito Olazul, Cool Spare, ubicada en Zona Franca de Montevideo, que vendía repuestos para buques frigoríficos y Tecnofrío, que tenía su base en Asunción del Paraguay.



ACCIONES EN MONTECON

Axel Van Hooven llega aproximadamente en 1996 cuando Montemar se asocia con Peter Döhle. Es entonces que nombra a cinco directores uruguayos, uno de los cuales es el contador Atilio Luis Oliveri. Todos contaban con firma registrada a nombre de Montemar en los bancos.

Durante el verano de 1997, Axel Van Hooven negoció con los gerentes de Citibank Uruguay para lograr US$ 4 millones. En la contabilidad de Tecomar SA figura un préstamo por US$ 500 mil recibido del Citibank con fecha 15 de enero de 1998. Más tarde el 15 de mayo de ese mismo año, aparece un préstamo por US$ 3:500.000. Ninguno de ellos llegó jamás a Tecomar SA, según los denunciantes. Solo durante el período de tres meses y ocho días transcurridos del 14 de abril al 22 de julio de 1998 figuran saliendo de Tecomar SA la suma de US$ 480.979,30. En suma, un total de US$ 7:480,979,30 desapareció de la empresa.

La empresa comenzó a gestionar los préstamos documentados por importes millonarios sobre los cuales no existían registros contables. Aparecieron transferencias del exterior a Tecomar SA, que las encaminaban a la empresa Montemar SA, que a su vez las encaminaban a una cuenta en el Citibank de Nueva York a nombre de la empresa Peter Döhle Schiffarts Kontor.

Tanto Tecomar SA como Las Palmas SA y Olazul SA recibían fondos por supuestos fletes chárter de buques que no existieron y vinculados a empresas con las cuales no existía documentación respaldante alguna. Los fondos provenían de tres empresas: Pagani Uruguay SA, Pagani Limited y Travicom Limited.

El 5 de setiembre de 2002, el Departamento de Delitos Económicos, de Jefatura de Policía de Montevideo recibió una denuncia presentada por los griegos Dennos Georgeoglou y Pablo Augoustis, presidente y vice de Tecomar respectivamente. Ambos denunciaron que desde fines del año 2000 Tecomar era titular del 18,66% de las acciones de Montecon SA, mientras que Talfir SA poseía un 5%. A principios de 2001 se había llegado a un acuerdo entre Tecomar y Talfir según el cual ambas empresas sumarían sus acciones en Montecon para repartírselas en partes iguales. Cada una quedaría con el 11,83% de las acciones en Montecon, actuando en común a través de Hallamshire Holding Ltd. Al mismo tiempo Tecomar se quedaba con el 50% de las acciones de Talfir a cambio de US$ 200 mil que habrían ingresado en la caja de Tecomar.

Posteriormente, en una asamblea general de accionistas, Georgelou y Augoustis reclamaron las acciones de Tecomar en Montecon y se les entregó tan solo un 10% del capital accionario y no lo que les correspondía.

Schandy y otros directores de Montecon recibieron el 29 de abril de 2002, una carta de Tecomar, firmada por Van Hooven (quien se autodesignó presidente) y el Cr. Oliveri (presentado como tesorero) en la cual se informaba de la transferencia del 8,66% de las acciones de Tecomar en Montecon a favor de Boswelt Internacional Corp. El 12 de diciembre de 2002 fue finalmente liquidada Tecomar. Quedaron US$ 354 mil a favor de la empresa en los libros.



Justicia investiga lavado y fraude - Politica - 27 de marzo ...
La licitación de una nueva playa de contenedores en el Puerto de Montevideo, que puede terminar en una subasta, ... Axel Van Hooven llega aproximadamente en 1996 ...
http://www.larepublica.com.uy/politica/357851-justicia-investiga-lavado-y-fraude

15 set. 2010

Óscar de los Santos - enriquecimiento ilícito

Maldonado se pudre

14 sept 2010 

Denuncian aprobación "exprés" de 16 fraccionamientos en Maldonado

Denuncia. Edil sostiene que se apuraron antes de la Ley de Ordenamiento
MALDONADO | MARCELO GALLARDO
En apenas algunos días, antes de que entrara en vigor la ley de Ordenamiento Territorial (junio de 2008), la Intendencia de Maldonado aprobó 16 fraccionamientos de grandes extensiones que hubieran tenido otras exigencias bajo la nueva norma.
El edil colorado Francisco Sanabria Barrios sostuvo ayer que entre mayo y junio del 2008, la administración del intendente Óscar de los Santos autorizó, en un plazo de pocos días, 16 solicitudes para fraccionar grandes extensiones de tierra antes de la entrada en vigencia de la ley de ordenamiento territorial, promulgada pocos días después por el Poder Ejecutivo.
El planteo del secretario general del Partido Colorado de Maldonado se relaciona con la información publicada por El País el 5 de septiembre donde se consignó que un fraccionamiento de lujo de 481 hectáreas fue aprobado en apenas cuatro días por parte de las autoridades municipales.
Sanabria adelantó a El País detalles de su planteo, que estaba previsto en el orden del día de la sesión plenaria de anoche en la Junta Departamental.
Según supo El País, existía la disposición de ediles de todos los sectores para conformar una comisión investigadora pa-ra tratar de aclarar esta situación. "Nos vemos lamentablemente obligados a plantear un asunto político vinculado a un fraccionamiento y a un desarrollo turístico que involucra una inversión de mil millones de dólares, que según información de manejo público se habría presentado, tramitado y aprobado, en tan sólo dos días, lo cual sería digno de proponer -si fuera cierto- para el Libro Guinness de los Records", dijo Sanabria.
A partir de la divulgación de ese caso puntual, el edil colorado hizo sus propias averiguaciones en la Intendencia.
Según dijo ayer, son 16 los proyectos de grandes fraccionamientos que fueron "aprobados con celeridad", cuando normalmente implican trámites que demoran varios meses.
Sanabria especificó que el caso del expediente del fraccionamiento del grupo JHSF fue presentado el miércoles 28 de mayo de 2008. Al día siguiente se consiguió un certificado de OSE presentado con otra documentación el viernes 30 de mayo. Finalmente, el proyecto fue aprobado el lunes 2 de junio siguiente. "Incluye cientos de terrenos, cientos de residencias, un puerto a orillas del arroyo Maldonado, y un gigantesco hotel", describió el edil.
Con este caso como ejemplo, explicó cuales son "las ventajas que tienen estos proyectos aprobados por la Intendencia (y) que nadie más podrá tener".
"En el uso de la tierra, hoy se debe dejar un 10% para la utilización pública. En el ejemplo analizado, estaríamos hablando de más de 40 hectáreas de millonario valor en dólares que serían hoy de uso de todos los ciudadanos. Estas tierras podrían ser para la Intendencia o para una entidad pública que ella determine", señaló. "Todo proyecto de inversión que tuviera excepciones como éstas, debería de pagar al Estado un 20% de la excepción autorizada (nuevamente millones de dólares en perjuicio de las arcas públicas). En carácter general, hoy después de la ley se tienen que prever reservas de espacios libres, infraestructura, y lo más importante: límites de densidad y edificabilidad".
"Sólo este emprendimiento, es un pueblo de similar tamaño a la parte más importante de la Barra de Maldonado. Lo que demuestra que se está hipotecando con este tipo de prácticas el futuro urbanístico de los próximos 15 o 20 años del departamento de Maldonado", sostuvo Sanabria.
"Esta es la excepción más impresionante que en forma directa el gobierno del Frente Amplio, para eludir una ley promovida por el Frente Amplio a nivel nacional, autoriza en beneficio selectivo de algunos importantísimos grupos económicos, y en perjuicio de los cientos de proyectos que hoy están en la Intendencia, perjudicando también a miles de vecinos de Maldonado, así como a nuevos inversores: que hoy no tienen la posibilidad de eficiencia y celeridad en los trámites que no han sido aprobados en mucho tiempo", afirmó el edil.

`Merece una profunda explicación`

La Ley N° 18.308, conocida como Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, fue votada en Diputados el 22 de mayo de 2008, recibiendo aprobación parlamentaria. Fue promulgada el 18 de junio del mismo año y reglamentada el 11 de mayo de 2009. "Una verdadera gestión transparente referida a este tema, es que se hubiera suspendido el tratamiento de todos los proyectos en trámite por parte del Ejecutivo Comunal (como así lo estipula la Ley de Centros Poblados), mientras se discutía la Ley de Ordenamiento Territorial, que todos sabíamos que iba a ser aprobada", indicó el edil Francisco Sanabria. Esto "merece un exhaustivo análisis y una profunda explicación a la población de Maldonado y al país".

8.000 expedientes en trámite

"Hay hoy 8.000 expedientes en trámite en la Intendencia Departamental de Maldonado que esperan resolución, de los cuales 6.000 están en el área de Control Edilicio", afirmó el edil colorado Francisco Sanabria "lo que quiere decir que la Intendencia y todos sus técnicos están ocupados".
Muchas de estas solicitudes, expresó, son para regularizar viviendas, hacer pequeñas ampliaciones, "inversiones que se ha perdido el departamento porque hace años que están sus proyectos en trámite y sin respuesta, y justamente en éestas áreas departamentales", agregó.
"Estamos a favor de la inversión que se ajusta a la norma, a la transparencia, a la igualdad de tratamiento para todos, y no para algunos. ¿Por qué el apuro? Luego de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, estos proyectos no se podían llevar a cabo", expresó Sanabria.
El País Digital

24 sep 2008 Objetan contrato de Satenil S.A.



El procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Miguel Langón, se expidió por la anulación del contrato entre la administración del intendente Oscar de los Santos y la empresa Satenil S.A. afirmando que en el referido proceso no se actuó de acuerdo a derecho

-intendente ,Maldonado –Lopez Mena
Frenteamplistas cerraron los ojos frente a las denuncias presentadas por el Diputado Darío Pérez, de Maldonado sobre las irregularidades de la Intendencia de Maldonado y el Intendente Oscar de los Santos.

El intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, enfrenta una denuncia penal, una demanda civil por U$ 216 mil y un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debido a la adjudicación directa del monopolio de la publicidad en carteles y mobiliario urbano en el departamento (Búsqueda 19/4/07).
Oscar De los Santos "le pagó el favor a Esteban Valenti" con la publicidad callejera.
"Mire que la publicidad callejera es buen negocio, no menos de U$S 500 mil por año. Fue buen negocio para una empresa que no sabemos quién es", expresó Antía en relación a la firma Satenil.
"Existe una ilegalidad en la concesión. Había un compromiso muy grande. Valenti aparece detrás de varios negocios. Apareció en Maldonado en la campaña de De los Santos, maneja muy bien la publicidad, maneja muy bien la campaña y algún favor le pagan con la posibilidad de manejar la publicidad (callejera). Eso es corrupción al más alto nivel instalada",
Carta de renuncia del Cr. Oscar Torielli, Director de Unidad de Auditoría Interna ..me ofende que mis actos no se evalúen desde lo ético y lo técnico, sino desde la conveniencia política de unos y otros. Rechazo por igual: los interesados halagos de los corruptos de ayer y los agravios de los mediocres de hoy
El empresario Daniel Costa – definido por muchos dirigentes de la izquierda local como el símbolo de la corrupción burgueñista – ahora es aliado del gobierno y hace pingües negocios con la administración
POR SEGUNDA VEZ LA INTENDENCIA DE MALDONADO OTORGA UN NEGOCIO A EMPRESARIOS SIN LLAMAR A LICITACIÓN, CONTROVERSI EN LA JUNTA. Por segunda vez en poco más de un año de gestión, el Intendente de Maldonado, Oscar De los Santos resolvió otorgarle de forma directa a una empresa privada un millonario negocio lo que disparó una nueva polémica en la Junta Departamental. Mientras una comisión investigadora analiza sin la intendencia cometió irregularidades o ilícitos en la adjudicación directa del monopolio de la publicidad en carteles a una empresa privada, De los santos aprobó una nueva concesión también directa a un grupo de empresarios en este caso para concederles por 20 años un predio de 98 hectáreas a fin de instalar allí un parque industrial. En caso de prosperar la gestión del Intendente los empresarios argentinos Carlos Frías Vallerino y Oscar Antonio Colombo y el español Fernando Rodríguez Zorrilla titulares de la firma Vallezor Sociedad Anónima, recibirán en comodato un predio de 98 hectáreas en las afueras de Pan de Azúcar y a cambio deberán crear un Parque Industrial para lo cual invertirán cuatro millones y medio de dólares según adelantó la Intendencia. Sin embargo, el tratamiento del caso en el legislativo municipal no parece fácil. Desde filas del Frente Amplio surgieron pedidos para que el predio se otorgue por licitación, y cuestionamientos sobre los antecedentes de los empresarios que se beneficiarían con el negocio.(Búsqueda, 31 de agosto de 2006).
SECRETARIO PRIVADO DE LOS SANTOS ADJUDICÓ AL INTENDENTE LA RESPONSABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA NETCOM.El secretario privado del Intendente de Maldonado, Eduardo Corleto aseguró el jueves 5 de octubre que antes de que el municipio le adjudicara de forma directa a la empresa NETCOM el monopolio de la publicidad en carteles en el departamento, le recomendó al jefe comunal que hiciera un llamado a licitación, pero que la respuesta fue que no había tiempo suficiente para ello antes del verano. Durante su comparecencia ante la comisión investigadora de la Junta Departamental que analiza si la Intendencia de Maldonado incurrió en irregularidades o ilícitos en su contrato con NETCOM, Corleto adjudicó al intendente Oscar De los Santos la decisión del polémico negocio e incluso expresó dudas sobre su “conveniencia”. (Búsqueda 12 de octubre de 2006

2 set. 2010

Gualberto Pérez Riestra - fiscal delincuente nombrado por Tabare Vazquez

Orden de captura para el procurador en lo Contencioso
Justicia. Caso de fraude a Peluffo Giguens
La Justicia emitió anoche una orden de captura para el procurador en lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, quien se fue del juzgado donde iba a declarar por una maniobra de fraude contra la Fundación Peluffo Giguens.
El jerarca concurrió al Juzgado Penal de 6º Turno, donde se le tomaron pruebas gráficas para pericias caligráficas.
Aproximadamente a la hora 17.30 fue llamado a declarar pero no estaba en la sala de testigos.
Los magistrados y funcionarios pensaron que quizás el procurador en lo Contencioso Administrativo había "bajado a fumar fuera del edificio", pero transcurrido un tiempo prudencial no apareció, dijeron a El País fuentes judiciales. Llamaron a su celular pero se les cortaba la llamada. Tampoco fue ubicado cuando se telefoneó a su casa y al domicilio de un familiar cercano.

Tras confirmar que abandonó la sede judicial en que se indagaba su eventual participación en una maniobra con una casa donada a la Fundación Peluffo Giguens, se emitió una orden de captura. Al cierre de esta edición, no había sido ubicado por la Policía.
El expediente judicial a cargo de la jueza penal Fanny Canessa, comenzó con la investigación de una maniobra referida a una casa de un valor que ronda los US$ 130.000 cuyo fallecido propietario donó a la Fundación Peluffo Giguens, pero que fue embargada por un grupo de individuos con documentación falsa.
Una persona con antecedentes penales y que tuvo a su cargo el manejo de parte de la documentación con que se concretó la maniobra, fue procesada el sábado pasado por la jueza Canessa, a pedido del fiscal del caso, Luis Bajac.
Ayer miércoles, se tomaron declaraciones y hoy jueves se recogerán documentos y nuevos testimonios. Una de las personas que dio su testimonio en la pasada jornada -con antecedentes por estafa- quedó detenida y en hoy se define si es procesada o dejada en libertad, informaron fuentes del caso a El País.
Hay datos que se investigan sobre más maniobras fraudulentas similares con bienes de fallecidos o personas incapaces, en las que pudieron participar varios de los indagados en este caso, incluido el procurador en lo Contencioso Administrativo, añadieron las fuentes.
Pérez Riestra fue consultado inicialmente para ejecutar el supuesto vale y así trabar el embargo, ante lo cual se excusó y derivó el caso a otra abogada.
Pero, en la investigación judicial, se probó que elaboró escritos y documentos en la maniobra, expresaron las fuentes. Pérez Riestra declaró como testigo el domingo pasado, tras lo cual había sido citado por el juzgado para ayer miércoles.
Donación. La casa por la que comenzó este caso está ubicada en la zona de Montevideo Shopping. Su propietario la donó en su testamento a la Fundación Peluffo Giguens, que da atención a unos 1.000 niños que padecen cáncer.
Cuando comenzaron los trámites de sucesión, la propiedad fue embargada por un grupo de personas que presentaron un conforme firmado presuntamente por el occiso. Uno de los herederos dudó del documento, presentó una denuncia para que se investigue, y se constató que el conforme era falso.
La Fundación Peluffo Giguens espera desde el año 2008 por la casa. "No hemos podido hacernos con la propiedad por la existencia de un embargo que, según parece, es parte de una maniobra fraudulenta", dijo la gerenta general de la fundación, Mirtha Casales.
Asumió en junio de 2009
En junio de 2009, Tabaré Vázquez designó al entonces fiscal de Gobierno Gualberto Pérez Riestra, procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que interviene en los procesos en los que se solicita la anulación de actos del Estado y controla la actividad estatal. En la asunción de Pérez Riestra, la entonces ministra María Simon destacó su trayectoria, formación y criterio en el desempeño de la actividad profesional.
http://www.elpais.com.uy/100902/pnacio-512542/nacional/orden-de-captura-para-el-procurador-en-lo-contencioso

17 ago. 2010

Daniel y Gustavo Trocki fraude en la Armada, huyo a Israel

Daniel Trocki, junto a su hermano Gustavo, son dos de los principales proveedores de la fuerza de mar. La jueza Gatti y la fiscal Ferrero probaron que una cuenta existente en la filial de Nueva York del banco Hapoalim que está a nombre del primero de ellos fue asociada a la empresa "fantasma" de supuesto origen alemán llamada SWWK Motoreng con la cual la Armada simuló en 2008 la compra de un banco de prueba para motores por un total de US$ 400.000.
Además, los hermanos Trocki, en 2007, oficiaron como intermediarios en la venta a la Armada de 16 lanchas patrulleras por US$ 6.200.000, que se encuentran actualmente en Haití al servicio de la misión de la ONU.
Esa compra, realizada a una empresa de Estados Unidos, fue cuestionada a nivel político al afirmarse que la Armada pagó sobreprecios por las unidades y descartó otras lanchas de mejor calidad y a menor precio ofrecidas por una empresa rusa.
Ayer, el diario La República, informó que los hermanos Trocki y sus familias "huyeron" a Israel a principios de agosto. En el caso de Gustavo, se trasladó primero a Estados Unidos para luego volar rumbo a Israel, según el matutino.
http://www.elpais.com.uy/100817/pnacio-508975/nacional/piden-procesamiento-de-ex-jefe-de-la-armada-y-otros-cuatro-oficiales

16 ago. 2010

Luis Polakof trafico de influencias

LUIS POLAKOF DUEÑO DE EL DORADO S.A.
Luego de ocho años preso bajo la dictadura y cinco en el exilio, Luis Polakof preside desde 1985 la empresa familiar Polakof y Compañía, fundada por su abuelo ucraniano en Maldonado en la década del 40.

Además de dirigir su empresa, también es presidente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, de la Fundación del Hogar de Ancianos y del Centro de Ayuda al Psicópata.

Fernandino de 54 años, está casado y es padre de tres hijos.
*************************************
Pedido de informes sobre Polakof
El Foro apunta a la exoneración de tributos aprobada
La bancada de diputados del Foro Batllista solicitará informes a la Junta Anticorrupción para que esta determine si los beneficios otorgados por el gobierno a la cadena de supermercados El Dorado -perteneciente a la familia del director de la Intendencia de Montevideo, Luis Polakof (MPP)-, se amparan o no en la normativa vigente.
Allegados a Polakof señalaron que este se desvinculó de la firma al ser nombrado como director de la IMM. Su esposa, Cristina Olivera, es directora de la Intendencia de Maldonado.
"Queremos saber si se cometió o no alguna irregularidad al brindar mejoras impositivas a esa empresa", dijo a El País el diputado forista Tabaré Hackenbruch.
Una resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez el 17 de noviembre exoneró del pago de impuestos durante cinco años a la empresa Polakof y Cía S.A. (Supermercados El Dorado) por la incorporación de equipamiento y la realización de mejoras en varios locales de la cadena.
Los beneficios alcanzan las 11.529.026 Unidades Indexadas (US$ 896.000).
El Dorado. Protesta por ajuste salarial Fuente: El País Digital  26 Agosto, 2008
Los trabajadores del supermercado El Dorado de Maldonado se manifestaron el viernes contra esa empresa en reclamo de aumentos salariales. Los trabajadores, afiliados a Fueci, denunciaron que la oferta de aumento salarial es de $ 70 anuales. Los responsables de la movilización calificaron a las patronales de “intransigentes” y “no negociadoras”. El Dorado es propiedad de la familia Polakof. Uno de sus directores es el actual jerarca de la Intendencia de Montevideo, Luis Polakof.

10 ago. 2010

Ernesto Menafra teniente de navio procesado por peculado - Armada

la justicia procesó a un familiar directo del Comandante en Jefe por el delito de peculado (153 del Código Penal). Se trata del teniente de navío Ernesto Menafra, integrante de la Quinta División de Estado Mayor (Comunicaciones), sobrino de Debali. Para el Jefe de arma resultó como un torpedo debajo de la línea de la flotación que se suma a las cerca de 14 denuncias de graves irregularidades que afectan a la Armada.

Para Osacr Debali, llegó el momento de dar un paso al costado, y así lo trasmitió anoche con voz firme al almirantazgo bajo su mando. Menafra, un reservista de la Armada, había ingresado al arma en 1994 y tres años después pasó a encargarse del área de la telefonía, donde permaneció hasta ahora. Allí, la justicia, comprobó una serie de maniobras delictivas
http://www.larepublica.com.uy/politica/419955-renuncio-el-jefe-de-la-armada

9 ago. 2010

Álvaro Bacqué procesado por estafa en la Armada

Militar a prisión por maniobra en Defensa; careo a Oficiales Navales
Manejos irregulares. Procesan a Capitán de Navío por "fraude" con vales de nafta y a jerarca de Inteligencia policial por avisar sobre indagatoria a la Armada
La Justicia procesó a un capitán de navío, responsable del área financiera del Ministerio de Defensa, y a un jerarca de Inteligencia policial, en el marco de tres casos que investiga en relación con el manejo irregular de fondos militares.
El militar procesado con prisión había sido separado de su cargo la semana pasada por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, al constatarse a nivel administrativo la maniobra con vales de nafta por un monto cercano a los $ 7.500.000.
En abril y mayo de 2010, el oficial naval Álvaro Bacqué solicitó a Ancap, a través del Ministerio de Economía, un refuerzo de rubros para la Armada con el argumento de incrementar la dotación de combustible para la fuerza naval.
La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, luego de investigar las características de la maniobra, procesaron al militar con prisión por el delito de "fraude"

El oficial retiró 595 libretas para combustible en estaciones de Ancap. Cada libreta contiene 25 talones de $ 500. La suma total de los vales asciende a $ 7.437.500, poco más de US$ 370.000.
En la caja fuerte de la oficina del oficial, se encontraron 159 libretas de vales de combustible, por valor de $ 1.987.500. Pero el militar dijo que desconocía el destino de las restantes 436 libretas por valor de $ 5.450.000, o sea unos US$ 260.000.
En cuanto al faltante, el capitán Bacqué dijo que entregó esos vales a un oficial de la Armada que a su vez está siendo investigado por las "compras fantasmas". Sin embargo, tras un careo entre ambos, el segundo uniformado quedó desligado de los hechos, según dijeron fuentes del caso a El País.
Inicialmente, en su declaración alegó que el dinero iba a ser destinado a una guardería dependiente del Ministerio de Defensa.
CAREOS. El procesamiento del responsable financiero del Ministerio de Defensa, pone fin a una de las tres investigaciones en torno al manejo irregular de fondos militares a cargo de la jueza Gatti. Los otros dos expedientes indagan el sistema de compras ficticias y el uso indebido de fondos provenientes de Naciones Unidas.
En el caso de las "compras fantasmas", esta tarde, a partir de la hora 14.00, habrá una instancia clave: someterán a careo a los oficiales navales indagados por las adquisiciones falsas de una grúa y un banco de prueba para motores por un total de US$ 600.000, que se destinaron a otros gastos.
En conexión con este caso, informó anoche Canal 10, se produjo también el procesamiento de un jerarca de Inteligencia policial.
Este funcionario del Ministerio del Interior, según la información, había citado a su despacho a un Capitán de Navío para avisarle sobre la inminente investigacion judicial que se iba a realizar para aclarar la red de compras irregulares en la fuerza naval.
El marino, según Canal 10, informó a sus superiores y estos le ordenaron retirar documentación incriminatoria, pero ese mismo día llegaron los oficios judiciales solicitando la información, que finalmente fue preservada.
El funcionario policial fue procesado por el delito de "revelación de secreto".
dudas. A nivel judicial quedan dudas respecto al destino que se le dio al dinero de las "compras fantasmas", porque no existen comprobantes que avalen si esos gastos se hicieron o el dinero quedó en poder de alguno de los oficiales.
Los careos de hoy podrían aclarar las dudas que surgen de declaraciones contradictorias.
El capitán de navío Gerardo Feble, quien hasta septiembre de 2009 se desempeñó como jefe de la División Logística (N4) del Estado Mayor de la Armada, aseguró en el juzgado que el manejo investigado se hacía por "orden verbal" del ex comandante Juan Fernández Maggio y del ex jefe del Estado Mayor y actual comandante de la Flota Naval, Manuel Burgos.
Feble fue quien firmó la solicitud que permitió simular la compra de la grúa hidráulica.
Sus declaraciones difieren de las que brindó Fernández Maggio ante la sede penal. El ex comandante de la Armada negó que la decisión de realizar compras ficticias haya sido suya.
"La Armada tiene una organización vertical, en este caso (la decisión la toman) el jefe de Estado Mayor, contralmirante Burgos y el jefe de N-4 capitán Feble", dijo ante Gatti y Ferrero, según consta en el expediente judicial.
Adónde fue a parar el dinero
Distintos documentos enviados la semana pasada a la sede penal que encabeza la jueza Graciela Gatti por el jefe de la Armada, almirante Óscar Debali, a solicitud de la magistrada, alertan sobre el origen de los gastos con el "dinero fresco" obtenido por las compras ficticias.
El dinero reingresado ilegalmente a la Armada por las "compras fantasmas" de una grúa y un banco de prueba para motores, un total de $ 7.550.000, fue cobrado en el BROU por dos capitanes de fragata y un particular, proveedor de la Armada. Según declaró a la justicia el contralmirante Leonardo Alonso, que instruye la investigación interna, las declaraciones que tomó a los indagados indican que "el dinero, billete tras billete, ingresó" a la fuerza naval. Pero no ha recibido ningún comprobante que lo demuestre.
Desde enero a julio de 2009, la Armada informó a la jueza que se gastó en viajes US$ 24.958 (US$ 10.288 con una empresa y US$ 14.670 con otra); en viáticos para el ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio US$ 2.980; US$ 28.000 a una confitería; US$ 40.600 por trabajos para la Aviación Naval; entre otros rubros.
Hay otros gastos en una pinturería, en una cerrajería, una barracas, en farmacias, en una tintorería, en el supermercado Tienda Inglesa, en el hotel La Capilla de Punta del Este, en una chivitería, en una pizzería, en talleres mecánicos y casas de repuestos para autos, en laboratorios, en el pago de horas extras a dos personas, en trabajos de trofeos y plaquetas para homenajes, en repuestos para computadoras, en una casa de vinos, en una despensa, en una granja y en una casa de aire acondicionado.